El Gobierno nacional imputó a 95 empresas por incluir tasas municipales que no corresponden. La medida surge a partir de la resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, que prohíbe la inclusión de cargos como alumbrado, barrido y vigilancia en las boletas de servicios públicos.
La resolución 267/2024, que entró en vigor el 11 de octubre de este año, establece que las empresas de servicios públicos no pueden incluir en sus facturas conceptos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor. Esto incluye tasas municipales como alumbrado, barrido y vigilancia, que habitualmente se sumaban a las boletas de luz, gas y agua. La medida busca proteger al consumidor y garantizar que las facturas sean claras y precisas.
Las empresas imputadas y las provincias afectadas
El listado de empresas imputadas incluye grandes distribuidoras de electricidad como Edenor, Edesur, Edelap, EPE (Santa Fe), EPEC (Córdoba), y EDEMSA (Mendoza); además de gasistas como Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana y Ecogas, entre otras. Las empresas operan en diversas localidades del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, y provincias como Misiones, San Juan, Córdoba, Chaco, Mendoza, y Salta.
Multas millonarias y plazo para descargos
Las empresas imputadas tienen cinco días hábiles para presentar su descargo tras recibir la notificación de la imputación. Si no se presentan, serán sancionadas de acuerdo con lo establecido por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2.130 millones. El Gobierno anunció que continuará con la instrucción de sumarios por los vencimientos de facturas de noviembre y diciembre, lo que podría ampliar aún más el número de empresas imputadas.
El Ejecutivo informó que hasta el momento se han recibido más de 2.700 denuncias por cobros indebidos a través del correo electrónico habilitado para este tipo de reclamos. Estas denuncias provienen de usuarios que han identificado cargos no autorizados en sus facturas. El Gobierno sigue de cerca la situación y prevé nuevas investigaciones para detectar otras irregularidades en los próximos meses.
Un paso más en la defensa de los consumidores
El accionar del Gobierno responde a un creciente malestar de los consumidores por los cobros indebidos en las facturas de servicios públicos. La imputación de 95 empresas refleja un esfuerzo por regularizar la facturación y proteger a los usuarios de prácticas abusivas. Sin embargo, el sector sigue bajo la lupa, y los próximos meses serán clave para evaluar la efectividad de las sanciones.
FUENTE: Grupo la Provincia
