Es oficial que el Gobierno nacional autorizó la instalación de sistemas de tecnología avanzada para detectar y bloquear celulares en las cárceles federales. Se procura impedir que los presos lleven adelante ilícitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La decisión se formalizó este lunes a través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mediante la cual se habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI, con el objetivo de impedir el uso indebido de celulares en el interior de las cárceles, tal como lo publica el portal minutouno.com
De esta forma, la medida busca reducir la capacidad de acción de organizaciones criminales que siguen operando desde los lugares de detención, al tiempo que se pretende fortalecer las capacidades de control intramuros.
El mecanismo se basa en la identificación de los teléfonos a través de dos códigos clave: el IMEI (International Mobile Equipment Identity), que es el número único de cada equipo, y el IMSI I (International Mobile Subscriber Identity), vinculado a la tarjeta SIM.
Cuando un celular se activa dentro de una zona prohibida, equipos lo detectan automáticamente y generan un reporte con esos datos.
A partir de ahí, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios solicita el bloqueo inmediato a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Las compañías deben validar la información y proceder a inutilizar el dispositivo en un plazo máximo de 48 horas, impidiendo que vuelva a conectarse a cualquier red.
El sistema no solo apunta a los internos: también incluye controles sobre el ingreso de celulares por parte de personal autorizado. Para eso, se dispondrán sectores específicos fuera de las áreas restringidas donde agentes penitenciarios, funcionarios judiciales o abogados deberán dejar sus dispositivos antes de ingresar.
Además, habrá un monitoreo constante desde centros de control, con registros actualizados de todos los equipos bloqueados y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento.
La resolución se inscribe en el régimen legal vigente de ejecución de la pena privativa de la libertad, que reconoce el derecho de las personas detenidas a mantener comunicaciones en los términos previstos por la ley, pero prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles.
La Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, será la encargada de llevar adelante los trámites necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida.
También se dispuso la adopción de ajustes técnicos para evitar que el funcionamiento del sistema afecte áreas exteriores a los establecimientos donde sea instalado.
